Taller N°3: Pensamiento ético-reflexivo
En el taller n°3 se nos pidió como grupo reflexionar sobre los comportamientos sociales observados en las últimas semanas. Para ello se nos sugirió:
Seleccionar alguna situación/hecho/fenómeno contingente que llamara nuestra atención y describirlo brevemente.
- Extraer un posible conflicto ético en esa situación, identificando valores y principios comprometidos.
Realizar un juicio de valor fundamento basado en nuestra opinión personal según lo expuesto anteriormente.
Noticia Seleccionada: Debate por uso de pistolas Taser: Carabineros inicia marcha blanca y municipios solicitan autorización para su personal de seguridad.
El Gobierno ha anunciado que, a partir de este mes, Carabineros de Chile iniciará una fase de marcha blanca en el uso de pistolas Taser, con un enfoque inicial en situaciones de violencia intrafamiliar. Esta medida ha generado un debate entre diversas autoridades municipales, quienes han planteado la necesidad de extender la autorización para el uso de estos dispositivos a los funcionarios de seguridad comunal.
Las autoridades municipales argumentan que, en muchos casos, el personal de seguridad comunal es el primero en enfrentar situaciones delictivas, por lo que contar con herramientas como las pistolas Taser contribuiría a su protección y a la seguridad de la comunidad. No obstante, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha rechazado esta propuesta, señalando que el objetivo no es transformar a los funcionarios municipales en una suerte de "policía express" y advirtiendo que el uso de estos dispositivos podría representar un riesgo para personal que no desempeña funciones policiales.
El debate continúa abierto, mientras distintos sectores evalúan el impacto de esta medida en la seguridad pública y la distribución de responsabilidades entre las instituciones encargadas del resguardo ciudadano.
Para ver más sobre la noticia, revisar aquí.
Conflicto ético: valores y principios comprometidos
La discusión sobre la ampliación del uso de pistolas Taser involucra un conflicto ético relacionado con la adecuada capacitación profesional y la delimitación de funciones entre Carabineros y los funcionarios de seguridad municipal. Un principio fundamental en esta controversia es la idoneidad profesional, que implica que el uso de dispositivos de control debe estar restringido a quienes cuentan con la formación adecuada para minimizar riesgos y garantizar una intervención proporcional y legítima. Asimismo, establecer límites claros entre las funciones policiales y las municipales es crucial para evitar la desnaturalización de los roles y la posible vulneración de derechos ciudadanos. En este debate se ven comprometidos valores como la seguridad pública, la justicia y el respeto por los derechos humanos, así como el principio de no maleficencia, anteriormente visto en clases, que exige evaluar los posibles daños que podría generar el uso indebido de estas herramientas en manos de personal sin la preparación necesaria.
Juicio de valor fundamentado
Desde nuestra perspectiva, la posibilidad de extender el uso de pistolas Taser a los funcionarios de seguridad municipal debería considerarse, siempre que se respeten criterios estrictos de capacitación y proporcionalidad en su uso. La seguridad pública es una responsabilidad compartida, y si bien es fundamental que Carabineros continúe siendo la principal autoridad en el uso de la fuerza, en escenarios donde su intervención no sea inmediata o posible, los funcionarios municipales podrían contar con herramientas que les permitan responder eficazmente a situaciones de extrema gravedad.
No obstante, es imprescindible que su implementación se rija bajo un marco regulador preciso, asegurando que el uso de estos dispositivos se limite a contextos de alta peligrosidad y no a situaciones menores donde la mediación u otras estrategias sean suficientes. La correcta capacitación y la supervisión estricta serían condiciones esenciales para evitar abusos o malas prácticas, garantizando que su empleo sea una medida excepcional y no una norma en la gestión del orden público.
Además, una estrategia prudente sería implantar estas herramientas inicialmente en funcionarios municipales con mayor experiencia y trayectoria, quienes han demostrado criterio y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Esto permitiría evaluar su uso de manera progresiva y controlada, asegurando que quienes las porten cuenten con la preparación adecuada y la confianza de la comunidad en su correcta aplicación.
